“Llamada urgente en las principales plazas de las ciudades”, leía la convocatoria de un colectivo de activistas en nombre de Mayid Reza Rahnavard, preso ahorcado esta mañana en una ejecución pública.

Otro grupo de activistas llamó a caminar en silencio mañana para denunciar las ejecuciones y las detenciones de los manifestantes que protestan desde la muerte de Mahsa Amini en septiembre.

“Mañana caminaremos en silencio” y “haremos concentraciones nocturnas” en diferentes lugares, rezaba esa convocatoria.

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Los llamamientos de producen tras la segunda ejecución de un preso condenado por su implicación en las protestas que comenzaron al grito de “mujer, vida, libertad” y en las que se grita ahora “muerte a la República Islámica”.

Majid Reza Rahnavard fue ahorcado en público este lunes en la ciudad santa de Mashad (noreste) después de que fuese sentenciado a muerte por el asesinato de dos agentes de seguridad, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial.

El joven fue arrestado el 19 de noviembre, acusado el 24 y su juicio se celebró el 29, mismo día en el que fue condenado a muerte, después de supuestamente confesar sus crímenes, según Mizan.

La primera ejecución se llevó a cabo el jueves pasado. Mohsen Shekari, de 23 años, fue ejecutado por herir a un basiji -miliciano islámico- con un cuchillo, bloquear una calle y crear terror en Teherán.

Su ejecución provocó nuevas protestas en el país, como las del sábado cuando se celebraron marchas en silencio y con velas en numerosas ciudades de la nación para condenar el ahorcamiento.

También generó una oleada de condenas internacionales, especialmente desde países occidentales, que han pedido a Irán que ponga fin a los ahorcamientos.

Las revueltas comenzaron por la muerte de una joven kurda de 22 años tras ser detenida por la Policía de la moral por no llevar bien colocado el velo, pero han evolucionado y ahora los manifestantes piden el fin de la República Islámica fundada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.

En los casi tres meses de protestas han muerto más de 400 personas y al menos hay 15.000 detenidos, según la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo.