Tras una investigación de ocho meses realizada por el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, y liderada por el senador Jon Ossof, los legisladores descubrieron que la Agencia Federal de Prisiones estadounidense (BOP, en inglés) ha abierto más de 5.000 casos de asuntos internos por denuncias de abuso entre 2012 y 2020.

Muchos de estos casos tardaron años en resolverse y otros aún no se han cerrado.

El informe detalla que estos retrasos en la resolución de denuncias "han impedido la capacidad del BOP de obligar a sus empleados a rendir cuentas".

Los legisladores se fijaron especialmente en cuatro prisiones, dos de ellas en el estado de Nueva York, una en Florida y una en California, donde se han registrado abusos sexuales a mujeres presas por parte de varios empleados federales.

Según el informe, estas mujeres "sufrían abusos de manera repetida durante meses o años".

Los legisladores concluyeron que la agencia ha sido incapaz hasta ahora de detectar o prevenir estos casos de abuso sexual en las prisiones federales del país.