La reforma del delito de sedición, que afectaría a los condenados por el intento independentista en la región de Cataluña en octubre de 2017, es solo uno de los grandes enfrentamientos que mantiene en este momento el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez con los partidos de la oposición conservadora y con parte de la Judicatura española.
Esta reforma fue impulsada hoy con 184 votos a favor de los socios del Gobierno de coalición (Partido Socialista y Podemos) y sus aliados parlamentarios, de un total de 350 diputados.
Votaron en contra 64 y se registró una abstención. El principal partido de la oposición (Partido Popular, PP) y Ciudadanos (liberales) decidieron no votar en señal de protesta.
La reforma aprobada rebaja las penas que castigan los dos delitos por los que fueron condenados los líderes independentistas catalanes que encabezaron el intento secesionista, y por los que aún debe ser juzgado el expresidente regional catalán Carles Puigdemont.
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Puigdemont se encuentra en Bruselas huido de la Justicia española desde entonces y está reclamado por los cargos de rebelión, sedición y malversación.
La reforma de la ley debe pasar todavía por el Senado español, y el objetivo del Gobierno es que esté aprobada definitivamente antes del nuevo año.