Mesa identificó la cuestión judicial como un “tema central”, que tiene un efecto directo en la calidad de la democracia en el país.

Mientras la Justicia boliviana “no cambie”, la democracia del país “seguirá secuestrada y mutilada” y “recuperar la Justicia es el mayor imperativo histórico de Bolivia, hoy, para recuperar la democracia”, remarcó.

Según Mesa, la Justicia “ha sido progresivamente controlada por el Órgano Ejecutivo” desde el momento en que Evo Morales gobernó Bolivia desde 2006 a 2019.

A juicio de Mesa, las cabezas de la justicia y la Fiscalía se caracterizan por su “militancia partidaria”, “descarnada corrupción” y “falta de idoneidad profesional”, que “en la práctica” hacen que Bolivia viva bajo una “autocracia que ejerce presión” a través de esas dos instancias.

La necesidad de una reforma judicial emanó tras la crisis política y social de 2019, en la que hubo 37 fallecidos por las protestas alrededor de las fallidas elecciones de ese año, señaladas por la oposición de fraudulentas, y la renuncia de Morales a la Presidencia, que denunció ser víctima de un “golpe de Estado”.

Un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre esos hechos recomendó que Bolivia inicie una reforma judicial al considerar que hubo violaciones a los derechos humanos durante la crisis de 2019, que abarcó el final de la Administración de Morales y el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

Durante su visita a Bolivia a inicios de 2022, el relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, el peruano Diego García-Sayán, expresó que es necesario un “gran acuerdo nacional” para lograr ese cambio.

El Gobierno del presidente Luis Arce tuvo al menos tres intentos fallidos para iniciar esa transformación a través de una comisión de notables, una propuesta de su ministro de Justicia, Iván Lima, y un encuentro nacional, que finalmente no se realizó.

Para finales de 2023 está prevista la elección de altos cargos del Poder Judicial, según dicta la Constitución vigente desde 2009.

Mesa, quien en 2019 fue el contendor de Morales en los fallidos comicios, indicó que las elecciones judiciales en 2011 y 2017 fueron “manipuladas” por el oficialismo en el Parlamento y que aquello generó “el peor momento de la historia judicial” en el país.

Asimismo, el expresidente dijo que el próximo año se debe atender la “profunda polarización que vive el país” generando un “escenario de reconciliación” y, además, el Gobierno seguramente afrontará un posible “temporal económico”.