El subprocurador general del Ministerio Público ante el Tribunal de Cuentas, Lucas Rocha, también pidió extender la sanción al gobernador suspendido de Brasilia, Ibaneis Rocha, y al que fuera su secretario de Seguridad, Anderson Torres, un fiel aliado de Bolsonaro.
Rocha justificó su demanda "en razón del proceso de prestación de cuentas y del vandalismo ocurrido" en la capital brasileña el pasado 8 de enero, "que provocó innumerables perjuicios al erario federal".
El fiscal no menciona en su escrito cuál es la supuesta vinculación entre la tentativa de golpe perpetrada por el bolsonarismo radical y el exmandatario ultraderechista.
El domingo pasado, miles de partidarios de Bolsonaro invadieron y causaron graves daños en las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema durante cuatro horas hasta que fueron dispersados por las fuerzas de seguridad.
Unas 1.500 personas fueron detenidas entre el domingo y el lunes, aunque este martes la Policía Federal informó que puso en libertad a "ancianos con enfermedades crónicas" y "adultos responsables de menores", sin precisar el número exacto.
En paralelo, la Corte Suprema apartó de su cargo por 90 días al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, por su supuesta "omisión" a la hora de neutralizar la horda de radicales bolsonaristas que generó el caos en el corazón de la democracia brasileña.
El presidente Lula, que asumió el poder el pasado 1 de enero, ha acusado directamente a Bolsonaro de "estimular" a sus seguidores a atentar contra las instituciones.
Por su parte, el capitán retirado del Ejército se encuentra en Estados Unidos desde el pasado 30 de diciembre, dos días antes de terminar su mandato, y, en respuesta a Lula, reprobó la intentona golpista de sus partidarios, aunque de una forma tibia.
Algunos parlamentarios brasileños ya han pedido a la Justicia que actúe para obligar a Bolsonaro a regresar al país con la idea de que esclarezca su presunta responsabilidad en los actos "terroristas" y "golpistas" vividos en Brasilia.
El exjefe de Estado (2019-2022) tiene además varias causas pendientes con los tribunales relacionadas con la difusión de noticias falsas sobre las instituciones democráticas y la pandemia de la covid-19, y la filtración de documentos secretos durante su Administración, entre otras.