Esta novedad legislativa fue publicada hoy en el Diario de la República y entrará en vigor este martes, tras modificar el Código Civil y el Código de Proceso Civil.
"En los casos en los que uno de los cónyuges sea acusado o haya sido condenado por la práctica de un delito de violencia doméstica contra el cónyuge que requiere el divorcio, este tiene la facultad de prescindir del intento de conciliación", recoge la nueva legislación.
La medida fue propuesta por Iniciativa Liberal y aprobada en el Parlamento hace justo un mes, con el apoyo de todos los partidos a excepción del PSD (centro-derecha) y el izquierdista Livre.
La diputada del PSD Mónica Quintela señaló durante el debate parlamentario que la medida podría promover "una escalada de la violencia, que era precisamente lo que se pretendía evitar" y que la conciliación no obliga a los dos cónyuges a estar en la misma sala.
La legislación portuguesa recoge que en un proceso de divorcio sin consentimiento "habrá siempre un intento de conciliación de los cónyuges", lo que hasta ahora también se aplicaba a casos de violencia doméstica.
Si la conciliación no funciona, el juez buscará obtener el acuerdo de los cónyuges para el divorcio por mutuo consentimiento.
En Portugal, se denunciaron 26.511 situaciones de violencia doméstica a la Policía de Seguridad Pública (PSP) y a la Guardia Nacional Republicana (GNR) en 2021, según datos oficiales.
Entre enero y septiembre de 2022 -la cifra disponible más reciente-, el número de denuncias ascendió a 23.250.