"Con suma preocupación por la situación de protesta social que vive el Perú, recordamos a la población en general que hay deberes y derechos del personal de salud que deben ser respetados y protegidos", escribió en Twitter el CICR de Perú, Bolivia y Ecuador.
La organización afirmó, además, que "los establecimientos de salud y el transporte sanitario deben ser respetados y protegidos" y "no deben ser dañados en ningún momento".
Puntualizó que, entre los deberes de los profesionales de la salud, figura el de "brindar un trato humano, digno, imparcial y sin discriminación" a los heridos y enfermos, no abandonarlos y asegurarse que la asistencia de salud sea compatible con los derechos humanos y la ética profesional.
En cuanto a los derechos de este sector, el CICR resaltó el derecho a "la dignidad, la integridad moral, psíquica y física", a no ser víctima de violencia y a la libertad de movimiento para acceder a los lugares donde sea necesaria su presencia para la atención de heridos y enfermos.
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El CICR emitió este pronunciamiento durante el paro nacional convocado para este jueves en Perú, donde miles de ciudadanos salieron a marchar en varias regiones y continuaron con los bloqueos en las carreteras, que afectan más de 120 puntos de 18 de las 25 regiones del país.
En la capital, miles de manifestantes procedentes de distintos departamentos del territorio nacional, marchan por la denominada "toma de Lima" en el centro histórico de la ciudad, donde ya se han registrado enfrentamientos entre protestantes y la Policía.
Desde que arrancaron las movilizaciones ciudadanas en diciembre pasado, tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo, las protestas en Perú suman 54 personas fallecidas.
En concreto, 43 manifestantes murieron en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden y un policía falleció calcinado, mientras que otras diez personas, entre ellas un bebé nonato, han perdido la vida por distintas causas vinculadas a los bloqueos de carreteras.
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales a 2023 y una asamblea constituyente, entre otros reclamos.