Los opositores cuestionan que el informe que presenta el Estado argentino “exporta” a organismos internacionales la situación judicial de la vicepresidenta, Cristina Fernández, a quien en diciembre pasado un tribunal condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por presuntos hechos de corrupción durante sus mandatos (2007-2015).
Argentina es uno de los Estados que será examinado por el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el lunes próximo, un mecanismo que implica la revisión periódica de los 193 Estados Miembros de la ONU.
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Entre los documentos en los que se basa el EPU, se encuentra un informe nacional con información presentado por el Estado argentino, que en su página 18 llama la atención sobre "los denominados discursos de odio" en el país suramericano, y sus implicancias para la convivencia democrática, que vincula "con el intento de magnicidio" que sufrió la vicepresidenta Fernández el 1 de septiembre pasado.
El informe agrega que el "fenómeno del ´lawfare´ o ´guerra jurídica´" es otro de los desafíos que enfrenta Argentina, una práctica "impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático", un argumento que ha sido utilizado por la vicepresidenta Fernández para defenderse en las causas judiciales en su contra.
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"En estas causas judiciales, como las que enfrenta la ex Presidenta de la Nación, bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violan garantías fundamentales del Estado de Derecho", agrega el informe y afirma que "estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares" por lo que constituyen "una persecución política" llevando adelante "procesos penales fraudulentos", un argumento utilizado por Fernández en sus discursos.
El informe solicita "el acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos para fortalecer la independencia judicial, la legitimidad del servicio de Justicia y, en definitiva, el Estado de Derecho" en Argentina, en un contexto en que el Ejecutivo intenta llevar adelante un juicio político a la Corte Suprema.
El presidente la Coalición Cívica ARI -partido integrante de la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio-, el diputado, Maximiliano Ferraro, intimó al canciller argentino, Santiago Cafiero, a que "le evite una nueva vergüenza internacional al país y que retire este informe falaz y sesgado", en un mensaje en su cuenta de Twitter.
“Este Gobierno nos coloca en el último peldaño de prestigio internacional. Ahora exporta a organismos internacionales, su locura interna, por salvar a una delincuente (CFK) con ropaje de víctima. Un Gobierno ´regalándonos´ a la mentira, hasta diciembre del 2023″, agregó la diputada del mismo espacio Mónica Frade, en su cuenta de Twitter.