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El pleno de la Corte Constitucional, a través de un "análisis minucioso", declaró el incumplimiento "deliberado y sistemático" en el nombramiento del titular del Consejo de la Judicatura por parte del Cpccs, un organismo estatal de votación universal que se encarga de designar a varias altas autoridades del Estado.
En un comunicado, el Constitucional ecuatoriano decidió destituir a los siete consejeros del Cpccs en "conformidad con las competencias previstas" en la carta magna del país.
Además, el auto constitucional se refirió al ejercicio de la presidencia temporal del Consejo de la Judicatura, ahora a cargo de Fausto Murillo, quien debe abandonar el cargo.
El fallo del máximo tribunal de garantías de Ecuador, de cumplimiento inmediato, decidió que Álvaro Román, quien era suplente de Murillo, asuma la presidencia del Consejo de la Judicatura hasta que el Cpccs, ahora descabezado, nombre al nuevo titular.
Con ello, la Corte Constitucional, cuyo fallo es de última instancia e inapelable, puso fin a una polémica con los consejeros del Cpccs que, incluso, fueron destituidos por la Asamblea Nacional (Parlamento), aunque permanecieron en los cargos tras presentar un polémico recurso legal que fue concedido por un juez competente.
Los consejeros del Cpccs destituidos son Hernán Ulloa, María Rivadeneira, Sofía Almeida, Francisco Bravo, Javier Dávalos, Graciela Estupiñán y David Rosero.
Los siete nuevos consejeros del Cpccs serán elegidos por la población durante los comicios provinciales y municipales del próximo 5 de febrero, cuando se designarán alcaldes, prefectos (gobernadores) de las provincias y miembros de las junta parroquiales.
De forma paralela se celebrará un referéndum impulsado por el Gobierno del presidente conservador Guillermo Lasso, que intenta, entre otras cosas, restar las competencias del Cpccs para que no se encargue de designar a las autoridades de control, que volverían a ser nominadas por la Asamblea Nacional.