La fuente señaló que la CSJ "denegó el acceso a información estadística" sobre los "expedientes por presunto enriquecimiento ilícito que están siendo procesados" por la Sección de Probidad.
En el pasado, diversas investigaciones realizadas por esta sección han concluido con juicios civiles contra exfuncionarios y derivado en procesos penales, como el caso del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009).
La fuente indicó que también se negó "el listado de funcionarios que han incumplido su obligación de presentar declaraciones juradas de patrimonio" y los procesos de sanción "iniciados por dicho incumplimiento".
"Acción Ciudadana ha solicitado dicha información en repetidas ocasiones y hasta 2022 había sido entregada de forma completa y oportuna", manifestó en un comunicado.
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Indicó que la CSJ "hace una interpretación extensiva" de un criterio de la Sala de lo Contencioso Administrativo que "se pronunció únicamente sobre las declaraciones juradas de patrimonio y los informes de la Sección de Probidad" y no sobre las estadísticas de los procesos.
"Con esta resolución la CSJ bloquea el acceso a todo dato relacionado con el quehacer de la Sección de Probidad, y pone candado a información valiosa sobre casos de enriquecimiento ilícito, e incluso datos administrativos e información sobre los casos que conoce Corte Plena", lamentó Acción Ciudadana.
Advirtió que la resolución de la CSJ "viola los principios de seguridad jurídica, máxima publicidad (...) y no regresión de los derechos humanos".
Esto, a juicio de Acción Ciudadana, "afecta el combate a la corrupción, a la vez que implica un retroceso en estándares de transparencia".
"Cabe preguntarse qué pretende la CSJ ocultando información sobre los funcionarios que no cumplen con obligaciones de probidad", concluyó.
Diversos sectores, principalmente organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos, han cuestionado la independencia de la CSJ desde mayo de 2021, cuando el Congreso destituyó a los jueces constitucionales, que forman parte del pleno.
Los legisladores, de amplía mayoría oficialista, eligieron sin seguir el proceso acostumbrado a los sustitutos, entre ellos abogados de altos funcionarios y asesores del Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Incluso Estados Unidos ha señalado a los jueces de la Sala de lo Constitucional de ser "leales al órgano Ejecutivo".