El anuncio por parte de autoridades electorales en México se da en el marco de la presentación del libro “La Democracia no se toca”, escrito por los consejeros electorales Ciro Murayama y el presidente del INE, Lorenzo Córdova, y luego de reformas electorales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este “Plan B” incluye reformas a leyes electorales mexicanas con las que según el mandatario mexicano se pretenden ahorrar 3.500 millones de pesos (unos 175 millones de dólares), eliminar facultades para sancionar partidos y funcionarios, así como desaparecer el conteo rápido que se da inmediatamente después de una elección en México conocido como PREP.
Estos cambios se impulsaron luego de una reforma constitucional que fracasó en diciembre pasado por no alcanzar los dos tercios necesarios del Congreso para cambiar la Constitución.
En este tenor, el consejero presidente del INE también afirmó que es el momento de que sean los ciudadanos quienes encabecen la defensa de la democracia mexicana, evitando estos cambios a la ley y promoviendo un control de la legalidad.
“Este es el momento en que los ciudadanos, en lo individual o de manera colectiva, pueden, y creo deben, debemos presentar todos los recursos dentro de los cauces legales si queremos defender a la democracia”, señaló en la presentación del libro.
En su discurso, Córdova mencionó que los cambios impulsados señalan que se pretende destazar al órgano electoral autónomo mexicano, por lo que próximamente también integrantes del INE impugnarán estos cambios, pues afirmó “todos somos responsables de consolidar la democracia”.
"No sé si sea cierto o no lo de destazar al INE, pero leyendo la reforma, me queda claro que ese es el propósito", reflexionó.
Anteriormente, los consejeros electorales habían advertido que estos cambios denominados “Plan B” pondrían en riego las elecciones presidenciales de 2024, ya que reducirá su plantilla laboral en un 85 %, se eliminarían 300 juntas distritales y se afectaría la operación de módulos de atención que reciben a 120.000 ciudadanos al día.
Por su parte, el también autor del libro “La Democracia no se toca” y consejero electoral, Ciro Murayama, dijo que ir en contra de las más recientes reformas impulsadas en materia electoral desde el Gobierno mexicano es proteger al país de “instintos autoritarios” y de una posible “crisis política”.
“Sí se logra evitar el Plan B estaremos protegiendo al Gobierno de sus propios instintos autoritarios que puede generar una crisis política innecesaria”, comentó Murayama.
Por su parte, algunos exconsejeros del INE, como Jaqueline Peschard y del entonces instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, lamentaron que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la que tenga que resolver el asunto.
Ambos criticaron que sea sin consenso político como se den estas reformas legales, luego de 40 años en los que se consolidó como un órgano autónomo, e incluso advirtieron que se corre el riesgo de que las próximas elecciones sean anuladas por estos cambios.
El pasado 23 de enero, los opositores Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) impugnaron estas reformas electorales del presidente mexicano ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al considerarla inconstitucional.