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La edad de jubilación en la segunda economía de la Unión Europea (UE) es una de las más bajas de Europa y, de salir adelante la reforma, Francia se acercaría a los 65 años de España o los 67 de Dinamarca.
La negativa del gobierno del presidente liberal Emmanuel Macron a discutir sobre su proyecto de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años tensó el debate político en Francia, en vísperas de una nueva protesta el martes.
La primera ministra Élisabeth Borne aseguró que ese punto “ya no era negociable”, mientras que su ministro del Interior, Gérald Darmanin, acusó a la oposición de izquierda de querer “traer el desorden al país” .
“La primera ministra no puede seguir haciendo oídos sordos a esta formidable movilización que se ha creado (...): ‘Escuche este descontento que se expresa por todas partes’” , urgió este lunes Laurent Berger, líder del sindicato CFDT.
El retraso progresivo hasta 2030 de la edad de jubilación de 62 a 64 años y el adelanto ocho años a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años —y no 42 como ahora— para cobrar una pensión completa cristaliza la oposición a la reforma.
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Nueva jornada de huelga
Los sindicatos convocaron para mañana una nueva jornada de huelga y de protestas y esperan que sea más multitudinaria que la del 19 de enero, cuando manifestaron, según el gobierno, más de un millón de personas —el doble para el sindicato CGT—.
El rechazo al proyecto también progresa en la opinión pública —un 72%, según un sondeo reciente de Elabe—, pese al esfuerzo del gobierno de presentarlo como necesario para evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones.
Para los observadores, el gobierno perdió “la batalla de la opinión” y ahora debe centrarse en la parlamentaria. El rechazo de algunos diputados oficialistas y del partido opositor de derecha Los Republicanos (LR) —favorables a una reforma y cuyo apoyo es clave— siembra de dudas su adopción.
La Asamblea inició hoy el examen en comisión del texto, que llegará a pleno el 6 de febrero antes de enviarse al Senado. Ambas cámaras tienen hasta el 26 de marzo para pronunciarse. Si no lo logran, el gobierno podrá aplicarlo por ordenanza.