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Elegido en octubre, el nuevo congreso (2023-2027) que se instala está aún más a la derecha del anterior, un desafío para el programa de reformas del flamante mandatario de izquierda.
En Brasil, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, que se renuevan cada dos años, determinan la agenda de las votaciones.
El líder de la Cámara Baja, en los hechos la tercera autoridad del país después del presidente y el vicepresidente, decide además si admite los pedidos de juicio político (“impeachment”) o si los guarda en un cajón.
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Centrao
Ya se da por descontado que en la presidencia de la cámara repetirá Arthur Lira, figura de lo que se conoce como “Centrao” (el gran centro), una coalición informal de partidos de cuño conservador pero reputada sobre todo por negociar votos a cambio de cargos o inversiones para sus circunscripciones.
Rodrigo Pacheco es favorito para ser reelegido a la cabeza del Senado pero podría tropezarse con la candidatura de Rogério Marinho, del Partido Liberal (PL) del expresidente derechista Jair Bolsonaro.
El PL será la principal fuerza en ambas cámaras. Con 99 de los 513 escaños, tendrá la mayor bancada en la Cámara de Diputados desde 1998, y en el Senado, que renovó un tercio de sus 81 asientos en los comicios, ocupará 13.
Lula es consciente de la realidad política: “Nosotros no mandamos en el Congreso, nosotros dependemos del Congreso”, dijo a sus ministros el 6 de enero, señalando que no tendrá “veto ideológico” o “asunto prohibido” para tratar con los líderes legislativos.
Lira dijo al canal GloboNews tener una relación “tranquila y amistosa” con Lula.
Máxima seguridad
La toma de posesión de los legisladores debe empezar a las 10:00 locales (13:00 GMT), en medio de un fuerte operativo de seguridad alrededor del Congreso, menos de un mes después de la asonada en Brasilia de miles de seguidores radicalizados de Bolsonaro.
Los accesos al edificio están cerrados a los vehículos y se instalaron vallas en los alrededores, vigilados por patrullas de la Fuerza Nacional.
El 8 de enero, miles de bolsonaristas, disconformes con la victoria de Lula sobre el exmandatario ultraderechista en las presidenciales de octubre de 2022, invadieron primero el Congreso antes de hacerse paso hacia el palacio presidencial y la sede de la corte suprema, a pasos de distancia.
Arrasaron con parte de la infraestructura, rompieron mobiliario e invaluables obras de arte, y dejaron grafitis llamando a un golpe de Estado.
Más de dos mil personas fueron detenidas, y casi un cuarto de ellas ya han sido imputadas.