La investigación y el reclamo de la Aduana refieren a la operatoria de esas cerealeras desde 2020.
La operatoria, que, según la Aduana, consistía en reducir la base imponible del cálculo de los derechos de exportación, generó una deuda de 14,75 millones de dólares para Cofco, 27,05 millones de dólares para Cargill, 7 millones de dólares para Bunge y 3,73 millones de dólares para LDC Dreyfus.
La importación temporaria de soja en Argentina permite reducir la elevada capacidad ociosa de la industria aceitera utilizando granos procedentes de países limítrofes, principalmente de Paraguay.
Argentina, principal proveedor mundial de aceite y harina de soja, fijó en 33% los derechos de exportación en marzo de 2022.
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Los derechos de exportación de soja procesada, sea importada o nacional, en Argentina se calculan con base en el precio de la tonelada FOB.
La Aduana rechaza que esas firmas descontaban al precio oficial el porcentaje de retenciones a las exportaciones y sobre el número resultante volvían a aplicarle la alícuota de derechos de exportación valiéndose de un régimen de excepción creado en 2004 complementado con un criterio técnico de la Secretaria de Agricultura de 2002.