Bruglia, integrante de la sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, demandó a Fernández en forma personal y por su cargo como presidente del país porque provocó “a sabiendas, en forma directa y premeditada” las difamaciones causándole “daño al honor, reputación y dignidad”, así como “daño en la imagen pública, familiar, social e institucional”.
El magistrado agregó que los daños fueron "exponencialmente propagados sin límite alguno, por la irrefrenable herramienta pública utilizada" por el presidente, ya que emitió una serie de tuits en la red social Twitter -@alferdez, con más de 2,3 millones de seguidores- que usa en carácter personal y como presidente, lo que hizo que "incluso transgrediera los límites nacionales".
Fernández había cargado contra la Justicia tras la excarcelación, en octubre pasado, de los cuatro detenidos en el marco de una causa en la que se investigan delitos de incitación a la violencia y amenazas a políticos, entre ellos a la vicepresidenta, Cristina Fernández, quien sufrió un atentado fallido el 1 de septiembre de 2022.
La Cámara Criminal y Correccional Federal ordenó excarcelar a Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, miembros del grupo Revolución Federal -conocido por sus escraches contra el Gobierno y amenazas a la vicepresidenta-, que habían sido arrestados, por decisión de un tribunal inferior.
En la demanda, Bruglia indicó que el fallo no le gustó al presidente, quien tuvo una "clara intención política" al tratar de descalificarlo, por lo que es importante para el juez reponer "el correcto ejercicio de la jurisdicción, en colisión con intereses políticos" y evitar los problemas "de excesos y de impunidad".
Además, Bruglia cuestionó que el presidente dijera que usurpa el cargo y probó que el Supremo legitimó su puesto con un fallo que lo habilita a ejercerlo hasta que sea designado un sucesor.
Bruglia señaló que provocó "daño" a su "buen nombre y honor", con repercusiones sobre su "dignidad y afectación a la intimidad" y diversos aspectos de su vida "por la abrupta, sorpresiva, injustificada y falaz publicación".
El demandante busca lograr "una indemnización ajustada a derecho", que consiste en el pago de 40 millones de pesos (173.000 dólares/159.000 euros) más los intereses desde la publicación de los tuits, el 2 de noviembre de 2022, hasta el momento del pago, que el juez aclara que será destinado a otras personas o entidades.
El juez también pide “la retractación pública” del presidente por el mismo medio y cuenta personal y la publicación del fallo en los diarios de mayor tirada.