“Los datos del Ministerio de Salud Pública muestran que lamentablemente el año pasado tuvimos 52.407 casos de tuberculosis registrados en todo el país, de los cuales 583 personas fallecieron", dijo a EFE el portavoz del Ministerio de Salud afgano, Sharafat Zaman Amar.
La cifra de infecciones supone una disminución del 12,6 % con respecto a los aproximadamente 60.000 casos que se registraron en 2021, aunque supera los datos cosechados en 2020, antes del ascenso de los talibanes al poder, cuando el país contabilizó 50.710 infectados.
No obstante, el ministerio no revela las muertes que se registraron por tuberculosis en años anteriores.
Las últimas estimaciones de la OMS elevan ligeramente el número de casos en 2021, hasta las 72.000 infecciones, y sitúan la cifra de fallecidos entre los 7.300 y los 19.000 pacientes de tuberculosis.
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Unos datos que, incluso tomando el intervalo más bajo, son muy superiores al número de muertos revelado hoy por las autoridades afganas.
La crisis económica y humanitaria que sacude al país, agravada por el ascenso al poder de los talibanes en agosto de 2021, ha tenido graves consecuencias para la salud de la población al limitar sus recursos para hacer frente a esta y otras enfermedades.
"La negligencia de las personas y las familias, la falta de conciencia, la migración, la escasez de suficientes centros de tratamiento y, en cierta medida, la mala gestión en los hospitales privados y gubernamentales son las causas", de estos registros, explicó a EFE el doctor Nooragha, empleado de un hospital gubernammental.
La retirada de la ayuda internacional a Afganistán tras la toma de Kabul por los talibanes ha sumido al país en una dura crisis que afecta a todos los sectores de la sociedad afgana.
Lo que sumado al goteo de restricciones contra los derechos humanos adoptado por los fundamentalistas desde su llegada no ha hecho más que agravar la situación en el país, con las afganas como las principales damnificadas, mientras la comunidad internacional sigue lejos de reconocer al régimen talibán.
En este sentido, el reciente veto de los talibanes a que las mujeres trabajen en las distintas agencias humanitarias que la ONU mantiene en el país, así como en ONG, ha dificultado el acceso de la población a las ayudas que ofrecen estos organismos, así como su capacidad para verificar los datos que revela el Gobierno talibán.