Ko Thaik Tun Oo, de la Red de Prisioneros Políticos, indicó al medio Irrawaddy que las familias perdieron el contacto con los presos políticos cuando fueron traslados de prisión el pasado 28 de mayo en la región de Bago (sur) y fueron informados de los fallecimientos el pasado 7 de julio.
Los familiares señalaron que las autoridades indicaron que uno de los reos falleció por enfermedad y que otro murió al ser disparado mientras trató de huir, algo que los activistas de la Red ponen en duda.
Ko Thaik Tun Oo indicó que las familias fueron informadas de la muerte de los presos, pero no han podido ver los cadáveres.
Los siete fueron detenidos entre 2021 y 2022 acusados de incitación según el artículo 505 del Código Penal y por supuestos atentados con bomba.
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Desde el golpe de Estado de febrero de 2021, las fuerzas de la junta han torturado a manifestantes y activistas detenidos por su oposición al régimen militar.
El golpe militar, que derribó al Gobierno democrático encabezado por Aung San Suu Kyi, ha sumido a Birmania en una profunda crisis política, social y económica y ha abierto una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
El Ejército justifica el golpe por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales de noviembre de 2020, cuyo resultado ha sido anulado y en las que el partido de Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales.
Al menos 3.770 personas han muerto por la represión ejercida de parte de las fuerzas de seguridad, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos y desarmados, y más de 19.400 permanecen detenidas, según datos de la ONG birmana Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).