"Quiero señalar que se ha avanzado de manera muy constructiva en el diálogo con todos los actores que han estado disponibles para concurrir a este trabajo. A esta altura llevados alrededor de 25 reuniones con distintos actores económicos, sociales y políticos. A partir de ahí se han generado una serie de propuestas que hemos intercambiado y pedido opinión a quienes han sido nuestros interlocutores", señaló el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
El secretario de Estado chileno detalló que durante los últimos dos meses el equipo de Hacienda ha sostenido ocho reuniones con asociaciones gremiales de menos tamaño, cuatro con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) -uno de los mayores grupos empresariales de país-, dos reuniones con organizaciones de la sociedad civil y diversos partidos del espectro político.
"De esta manera se ha avanzado mucho en cuanto a los contenidos de este posible pacto fiscal", apuntó Marcel, responsable de articular este trabajo.
Tras meses de pausa, la discusión sobre una nueva reforma tributaria para Chile, que registra altos niveles de desigualdad, se retomó tras los comicios constitucionales de principios de mayo.
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El proyecto de ley rechazado a principios de este año, clave para financiar el programa del Ejecutivo, incluía la reestructuración del impuesto a la renta, la reducción de las exenciones tributarias, la aplicación de un nuevo royalty minero e impuestos correctivos que apuntan a promover la preservación del medioambiente, así como otras medidas de carácter social.
La recaudación tributaria en Chile supuso el 19,3 % del producto interior bruto (PIB) en 2020, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), muy por debajo del promedio en Latinoamérica, el 21,9 %, y de este propio organismo, un 33,5 %.
Según sus cálculos, la reforma obligaría a pagar más impuestos "a un 3 % de la población", en un país con los mayores índices de desigualdad de la OCDE.