La directora general del Sindicato Popular de Abogados de Filipinas y consejera asistente para la CPI en el país asiático, Kristina Conti, señaló al medio ABS-CBN que "la investigación seguirá adelante y la CPI solicitará más pruebas" de ataques y ejecuciones extrajudiciales, a pesar de que "será doloroso" para las familias.
Este martes, la Sala de Apelación de la CPI rechazó por mayoría los argumentos de Filipinas para que el tribunal internacional dejara la investigación por crímenes de lesa humanidad en manos de las autoridades nacionales.
La Haya continuará investigando la brutal campaña contra el narcotráfico orquestada durante el mandato del Duterte, que dejó alrededor de 30.000 muertos según varias oenegés, y durante su etapa como alcalde de la sureña ciudad de Davao (2011-2016).
"Ahora será solo cuestión de cómo y cuándo llegaremos a ellos y ellos a nosotros" agregó Conti, en referencia a las pruebas adicionales que solicitarán a los allegados de las víctimas de la brutal campaña antinarcóticos liderada por Duterte, que dejó alrededor de 30.000 muertos, según varias oenegés.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Por su parte, el Gobierno filipino ha anunciado que no colaborará con la investigación de la CPI. El fiscal general filipino, Menardo Guevara, declaró ayer en una entrevista con los medios que el presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., aprobó cortar la comunicación con el tribunal tras el rechazo de la apelación.
"He discutido este asunto personalmente con el presidente y hemos acordado que nuestro recurso ante la cámara de apelaciones de la CPI es el final de nuestro compromiso" con el tribunal.
Hasta ahora Marcos Jr., quien gobierna desde junio del año pasado en tándem con la hija de Duterte y actual vicepresidenta, Sara Duterte, ha negado la entrada al país de los investigadores de la CPI y ha reiterado que "no tiene intención" de reincorporar a Filipinas al organismo.