A la llamada del Frente de Salvación Nacional, una alianza opositora que reúne a partidos políticos de diferente ideología y figuras independientes, los militantes se agolparon frente al céntrico teatro municipal desafiando las altas temperaturas, que superaron hoy los 40 grados, para denunciar la "deriva autoritaria" de Said.
Con motivo del día nacional de la República, bautizado por el mandatario como "Día de la verdadera revolución", los manifestantes corearon "el retorno de la democracia" y "la vuelta a la Constitución de 2014", después de ratificar justo un año antes una nueva Carta Magna, aprobada en referendo popular pese a la abstención del 70% del electorado y que impone un régimen ultrapresidencialista.
"Túnez se ha hundido en una situación preocupante, pero aún no ha alcanzado el nivel más bajo", advirtió ante la multitud el líder del Frente, Ahmed Nejib Chebbi, que lamentó la falta de conciencia política que impide a la disidencia organizarse frente al régimen.
La Justicia liberó el pasado 13 de julio a la activista Chaima Issa y al abogado Lazhar Akremi, en detención provisional desde principios de año junto a cerca de treinta figuras políticas, empresarios y jueces acusados de "complot contra la seguridad del Estado", delito que prevé severas sentencias de prisión, incluida la pena capital.
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Sin embargo, el Tribunal de Apelación rechazó la liberación de otros seis opositores: el exdirigente del partido Ettakatol- y de nacionalidad española- Khayam Turki; el exvicepresidente del partido islamista Ennahda, Abdelhamid Jelassi; el cofundador del partido Corriente Democrática, Ghazi Chaouachi; el secretario general del Partido Republicano, Issam Chebbi y el constitucionalista Jaouhar Ben M'barek.
La mayoría de los imputados son miembros de Ennahda, principal fuerza política de la última década, incluido su líder histórico y presidente del Parlamento suspendido, Rached Ghannouchi, condenado en abril pasado a un año de cárcel por "apología del terrorismo".
La disidencia asegura que esta persecución judicial busca paralizar las negociaciones que se llevaban a cabo para organizarse de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2024, todavía en el aire.
El 25 de julio de 2021, Said anunció la activación del artículo 80 de la Constitución -que permite instaurar el Estado de excepción ante un "peligro inminente"- contra lo que llamó "pandemia política". En su particular interpretación de este texto, el mandatario cesó al primer ministro, suspendió la Asamblea y retiró la inmunidad parlamentaria de sus 217 miembros.