De las 34.290 personas interceptadas o rescatadas hasta julio, 30.587 eran extranjeras, en su mayoría originarias del África subsahariana; frente a las 9.217 interceptadas en los seis primer meses de 2022, de ellos 6.597 de nacionalidad extranjera, explicó el responsable.
Durante el mismo periodo de tiempo, los guardacostas realizaron 1.310 operaciones de rescate, el doble que en 2022, con 607.
Cientos de personas migrantes subsaharianas, incluidos menores y mujeres embarazadas, continúan bloqueados en la frontera entre Túnez y Libia después de que las autoridades tunecinas expulsaran a principios de julio a 1.200 de personas a esta zona de amortiguamiento, sin acceso a agua o comida.
La Guardia Fronteriza de Libia recuperó este martes cinco cuerpos de migrantes, incluido un niño de corta edad, en un campamento improvisado en la zona desértica de Al Assah, frontera con Túnez, reveló el Ministerio de Interior.
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Una decena de organizaciones humanitarias, entre ellos Médicos del Mundo y Abogados Sin Fronteras (ASF), alertaron este miércoles del "recrudecimiento" de la discriminación y la violencia contra los migrantes en Túnez, víctimas de agresiones, desahucios, redadas masivas y expulsiones arbitrarias, "que les obliga a una fuga permanente y les impide hacer valer los derechos humanos inalienables".
Un semana antes, Human Rights Watch (HRW) instó a la Unión Europea a suspender su apoyo financiero destinado al control migratorio y advirtió que Túnez no es un refugio "seguro" para las personas negras africanas.
El pasado 16 de julio la Comisión Europea y Túnez firmaron un acuerdo para reforzar sus fronteras a cambio de importantes inversiones financieras, incluido un paquete de 105 millones de euros para rescates y "retornos voluntarios". Un modelo que aspira a exportar a otros países de la región como Marruecos y Egipto.
El presidente Kais Said- que se arrogó plenos poderes en julio de 2021 "para preservar la paz social"- pidió en febrero a las fuerzas de seguridad tomar medidas urgentes contra las "hordas" de migrantes que forman parte de una "conspiración" para cambiar la identidad "arabo-musulmana" de Túnez.
En cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de los 60.000 ciudadanos subsaharianos que residen en el país sólo entre el 10 y el 15% no poseen una residencia legal por lo que la sociedad civil reclaman su regulación general.