La nueva ley promulgada en 2022 es un avance “en favor del derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura”, señala el comité, formado por diez expertos y presidido por el mexicano Claude Heller.

Sin embargo, destaca el informe, esa ley, que amplía la de Memoria Histórica de 2007, “no elimina los obstáculos a la investigación de graves violaciones de derechos humanos, como los actos de tortura y las desapariciones forzadas, cometidas en España en el pasado, al no haberse derogado la Ley de Amnistía de 1977″.

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En el informe periódico, séptimo al que se somete España ante el comité y que cubre el periodo 2015-2023, los expertos insisten en que el país “adopte todas las medidas necesarias para garantizar que los actos de tortura y las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía o prescripción”.

Respecto al actual Código Penal español, el comité lamenta que en él se contemple que el delito de tortura prescriba a los 15 años, aunque no en aquellos casos en los que esos crímenes sean considerados de lesa humanidad.

Por ello, los expertos del órgano de Naciones Unidas instan a España a revisar y modificar su legislación penal “a fin de excluir cualquier posibilidad de impunidad en relación con la investigación de los actos de tortura, y el enjuiciamiento y castigo de sus autores”.

El comité examina periódicamente las condiciones de cumplimiento de la Convención contra la Tortura (en vigor desde 1987) en todos los países firmantes, entre ellos España, que en esta ocasión envió una delegación para someterse a su séptima revisión los pasados 20 y 21 de julio.