"Hemos acordado como partido que debo retirar mi candidatura para competir por el cargo de presidente porque el entorno electoral no es libre ni justo para la oposición", dijo Mwonzora, líder del Movimiento por el Cambio Democrático - Tsvangirai (MDC-T), durante una rueda de prensa en Harare.
Según el opositor, la Comisión Electoral de Zimbabue (ZEC) "victimizó políticamente" a su partido después de prohibir que 87 de sus miembros presentasen sus candidaturas para concurrir como diputados.
Así, el MDC-T sólo tiene 24 candidatos registrados para concurrir como diputados.
"Todo el mundo en este país sabe que la ZEC excluyó a 87 candidatos de mi partido el pasado 21 de junio con el argumento endeble de que presentamos sus documentos después del cierre de los tribunales de nominación", explicó.
"Siento que no puedo participar en la carrera presidencial sin más candidatos que me apoyen", añadió.
Aun así, Mwonzora pidió a sus simpatizantes que acudan a votar por los candidatos que no se presentan a través del partido gobernante, la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF).
El MDC-T era el primer partido de la oposición hasta que Nelson Chamisa, el principal líder opositor en la actualidad, formó en enero de 2022 la escisión Coalición de Ciudadanos por el Cambio (CCC), que cada vez granjea más apoyos entre los diputados de la oposición y cosechó una importante victoria en las elecciones parciales del mes de marzo de ese año, cuando obtuvo 19 de los 28 escaños disputados.
De esta manera, Chamisa se ha posicionado como el principal rival del presiente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, que busca su reeleción y está en el poder desde el golpe militar que derrocó en 2017 al ya fallecido Robert Mugabe.
Organizaciones pro derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) han denunciado que los comicios se celebrarán en un "contexto de represión sistemática y brutal de los derechos humanos", con leyes que limitan la libertad de expresión, el "uso excesivo de la fuerza" para dispersar a las protestas antigubernamentales, y detenciones de activistas y periodistas que critican el Gobierno.