El cambio de la detención al arresto domiciliar fue decidido durante una audiencia especial de revisión de medidas, que el Juzgado de Instrucción de la ciudad de Sensuntepeque llevó a cabo en San Salvador.
Alfredo Leiva, miembro de la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES), confirmó a EFE la decisión de dicha corte y recordó que los líderes comunitarios padecen enfermedades crónicas que "están demasiado acentuadas", por lo que temían que "perdieran la vida" en prisión.
El abogado de los procesados, Denis Muñoz, explicó a periodistas que la jueza que lidera el proceso impuso una fianza de 3.000 dólares a cada uno y que "mañana (jueves) se dará la orden para el cambio de medida, todo y cuando se pague la fianza".
El abogado calificó de "positiva" la decisión y señaló que "continuaremos con las mejores expectativas hasta lograr demostrar que ellos no han tenido nada que ver en el caso que se les imputa".
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Al lugar donde se llevó a cabo la audiencia de revisión de medida llegaron con carteles y pancartas miembros de ADES y familiares de los detenidos.
Los cinco líderes comunitarios y ambientalistas cumplieron el pasado 11 de agosto siete meses en prisión.
Las personas detenidas son residentes de la comunidad Santa Marta, ubicada en el municipio de Victoria del departamento de Cabañas (norte), que fue uno de los lugares más golpeados durante la guerra civil y sus habitantes han pedido en reiteradas ocasiones justicia ante los casos de violaciones de derechos humanos.
Los líderes de dicha comunidad empujaron por la prohibición de la minería metálica en El Salvador, que finalmente fue prohibida en una ley aprobada en marzo de 2017 por la Asamblea Legislativa.
Los detenidos son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, quienes, junto a Fidel Recinos -que no pertenece a dicha comunidad-, están presos desde el 11 de enero pasado por acusaciones de asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
Por el hecho que se les acusa también es señalado el excomandante guerrillero y "uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz" de 1992 Eduardo Sancho Castaneda, con seudónimo de guerra Fermán Cienfuegos.
De acuerdo con el Ministerio Público, Cienfuegos se encuentra "ausente" en el proceso y otro de los acusados vive en Estados Unidos.
A mediados de mayo pasado, la relatora especial de Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Mary Lawlor, señaló que los líderes comunitarios "deben ser liberados".