Harouni es el actual presidente del consejo de la Shura, el organismo de más alto rango en Ennahda, la principal formación política de la última década y la más votada del Parlamento clausurado en julio de 2021 por el presidente Kais Saied tras arrogarse plenos poderes "para preservar la paz social".
Esta medida coincide con la reunión que celebra hoy la directiva- pese a su prohibición por orden judicial- y que podría tratar sobre el posible congreso nacional, anunciado para el próximo mes de octubre y que ha sido pospuesto en varias ocasiones desde 2019.
Su celebración ha dividido a los militantes ya que algunos consideran que no puede llevarse a cabo mientras sus principales líderes se encuentran en prisión, incluido su dirigente histórico y antiguo presidente del Parlamento, Rached Ghannouchi, condenado a sus 80 años de edad a doce meses de cárcel por "apología del terrorismo".
La coalición Frente de Salvación Nacional, de la que es cofundadora Ennahda, denunció esta decisión "arbitraria" dentro del contexto de una campaña de detenciones y que en abril se saldó con el cierre de todas sus sedes.
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El pasado jueves la familia del exministro de Agricultura y antiguo miembro de este partido, Mohamed Ben Salem, pidió su liberación debido al deterioro de su estado de salud tras su arresto en marzo por un supuesto caso de tentativa de cruzar la frontera de manera ilegal y enriquecimiento personal "injustificado".
Desde inicios de año la Justicia antiterrorista ha ordenado prisión provisional contra una treintena de figuras políticas, jueces y empresarios acusados de "complot contra la seguridad del Estado", delito que prevé severas sentencias de prisión, incluida la pena capital.
La disidencia acusa al mandatario de persecución judicial para paralizar las negociaciones que se llevaban a cabo con el fin de organizarse de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2024, todavía en el aire.
El pasado mes de julio un grupo de diputados del Parlamento Europeo rechazaron cualquier apoyo "incondicional" a Túnez, tras la firma de un acuerdo migratorio cuyos detalles se desconocen y que implica un presupuesto de mil millones de euros, ante los "excesos" cometidos por Said e hicieron un llamamiento a liberar a los opositores y defender las libertades y derechos ciudadanos en el país magrebí.