La ley, que también se había elaborado para garantizar la seguridad de los agricultores que viven y trabajan en áreas fronterizas, había sido criticada por grupos de derechos humanos por limitar la libertad de expresión.
Aquellos que enviaran este tipo de propaganda podían ser castigados con penas de hasta tres años de prisión o una multa de hasta 30 millones de wones (22.600 dólares o 27.500 dólares), según la ley.
El tribunal ha dictaminado su inconstitucionalidad por siete votos a dos, argumentando que restringe excesivamente el derecho a la libertad de expresión garantizado constitucionalmente, según detalló la agencia surcoreana Yonhap.
La sentencia supone la anulación inmediata de la ley.
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"El objetivo de la ley de asegurar la seguridad e integridad de la gente es de importante interés público... pero la restricción de la libertad de expresión infligida a los involucrados es desproporcionadamente grande", dijeron los jueces en el fallo, que recogió la mencionada agencia.
Los magistrados señalaron que tal objetivo puede lograrse a través de medios alternativos a una prohibición total del envío de folletos, como actividad policial o la regulación de los panfletos.
Los promotores del envío de los folletos propagandísticos son grupos de activistas y desertores que aseguran que dicha práctica es un intento de liberar al pueblo norcoreano del régimen, que controla de forma férrea la entrada de cualquier información del exterior.
El régimen de Pionyang ha venido criticando en duros términos el envío de esos folletos de propaganda desde el Sur al asegurar que viola los acuerdos intercoreanos y exigió al Gobierno de Seúl que adopte medidas para evitarlo.
La ONG Human Rights Watch (HRW) criticó en su momento la ley, aprobada por el Gobierno del liberal Moon Jae-in en un momento en que Seúl trataba de reparar lazos con Pionyang, al considerar que sólo beneficia al régimen y calificó como "errónea" la estrategia para "ganarse el favor" de la dictadura norcoreano.