La Alianza señaló, en un comunicado, que la acusación penal contra los también ambientalistas "no tiene fundamento jurídico" e indicó que "no garantizó el derecho a la integridad física y la salud de los líderes" durante el tiempo que estuvieron en detención.
Aseguró que "esta caso es una acción para perseguir a defensores ambientales y debilitar la resistencia antiminería, dadas las intenciones gubernamentales de reactivar esta nociva industria extractiva, a pesar de estar prohibida por ley".
La Alianza Nacional exige la "nulidad de la acusación penal y cerrar definitivamente el caso".
Este llamado se suma al realizado por los miembros de la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES), quienes entregaron en agosto pasado una carta al fiscal general, Rodolfo Degaldo, en la que le solicitan que se retire la acusación penal.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Además, la defensa de los cinco líderes comunitarios pidió en septiembre pasado a una corte de instrucción que declare el sobreseimiento de la causa penal al amparo de la Ley de Reconciliación Nacional de 1992.
Las personas involucradas en el proceso penal son residentes de la comunidad Santa Marta, ubicada en el municipio de Victoria del departamento de Cabañas (norte), que fue uno de los lugares más golpeados durante la guerra civil y sus habitantes han pedido en reiteradas ocasiones justicia ante los casos de violaciones de derechos humanos.
Los líderes de dicha comunidad empujaron por la prohibición de la minería metálica en El Salvador, que finalmente fue prohibida en una ley aprobada en marzo de 2017 por la Asamblea Legislativa.
Los señalados, que ahora se encuentran bajo arresto domiciliar, son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, quienes, junto a Fidel Recinos -que no pertenece a dicha comunidad-, estuvieron presos desde el 11 de enero pasado por acusaciones de asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.