La Eurocámara aprobó con 578 votos a favor, 24 en contra y 19 abstenciones un acuerdo preliminar alcanzado con el Consejo de la UE (los Estados miembros) sobre este instrumento.

En concreto, define que hay coerción económica cuando un país tercero trata de presionar a la UE o a uno de sus países para que tome una decisión concreta aplicando o amenazando con aplicar medidas comerciales o de inversión.

Aunque este tipo de coerción socava la autonomía estratégica de la UE, no está contemplada en el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), recordó el Parlamento en un comunicado.

Gracias a este nuevo instrumento, a Comisión dispondrá de cuatro meses para investigar posibles casos de coerción y, a partir de sus conclusiones, el Consejo dispondrá de ocho a diez semanas para decidir, por mayoría cualificada, si existe o no coerción.

Aunque el objetivo principal será entablar un diálogo para persuadir a las autoridades del país no perteneciente a la Unión de que dejen de coercionar, si esos esfuerzos fracasan, la UE contará con un amplio abanico de contramedidas a su disposición.

Si se determina la existencia de coerción y los Estados miembros están de acuerdo, la Comisión tendrá seis meses para determinar las medidas adecuadas, manteniendo informados al Parlamento y al Consejo en todo momento.

En la negociación del texto, los eurodiputados reforzaron el “carácter disuasorio” del instrumento al incluir una lista exhaustiva de posibles respuestas a disposición de la UE, como restricciones al comercio de bienes y servicios, a los derechos de propiedad intelectual y a la inversión extranjera directa.

También se podrán imponer restricciones al acceso al mercado de contratación pública de la UE, al mercado de capitales y a la autorización de productos en virtud de las normas químicas y sanitarias.

La UE también podría exigir una “reparación" al país que ejerza la coerción, y la Comisión podrá aplicar medidas para hacer cumplir estas reparaciones.

A continuación, el Consejo deberá aprobar el reglamento -previsiblemente en octubre- antes de que pueda entrar en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE.

La Comisión propuso este mecanismo anticoerción en diciembre de 2021 en respuesta a la presión ejercida por el Gobierno del entonces presidente estadounidense Donald Trump, además de los numerosos roces entre la UE y China.

Este nuevo instrumento complementa una serie de herramientas de defensa comercial adoptadas en los últimos años.

En mayo, los dirigentes del G7 anunciaron el lanzamiento de una plataforma de coordinación contra la coerción económica, en línea con la iniciativa de la UE, recordó la Eurocámara.