La crisis arrancó el miércoles pasado, cuando una sala del Supremo decidió desacatar una sentencia del Constitucional que ordenaba la puesta en libertad del jurista Can Atalay, condenado a 18 años de cárcel por “intento de derrocar al Gobierno” por participar en las manifestaciones de 2013.

El Supremo exigió además enjuiciar a los magistrados de este cuerpo, cuyas decisiones son vinculantes para todos los órganos del país, según la Carta Magna, lo cual provocó protestas del partido socialdemócrata CHP, el mayor de la oposición.

Erdogan, sin embargo, se atribuyó hoy el papel de "árbitro" en el debate y respaldó al Supremo al señalar que la decisión de sus jueces "no se puede desechar".

"El Constitucional, lamentablemente, ha cometido continuamente errores. El Supremo le dice ahora: 'Si tú eres un alto tribunal, yo lo soy también, y como tal te voy a imponer sanciones', y ahora espera que la autoridad, la que sea, cumpla con esas sanciones. Puede pedírselo al Parlamento", analizó Erdogan.

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Criticó a la "actitud equivocada" de algunos miembros de su propio partido, el islamista AKP, que habían "denostado al Supremo y aplaudido al Constitucional", exigió unidad y recordó que el Parlamento tiene la autoridad de hacer la carta magna.

Desconstitucionalizar el país

Esto equivale a “un intento de desconstitucionalizar el país”, respondió hoy Özgür Özel, el nuevo jefe del CHP, durante una manifestación convocada por la Federación de Colegios de Abogados turcos ante el Tribunal Supremo, acusando a Erdogan de “golpista”.

"Esto era una crisis de la Judicatura, pero ahora es un intento de Erdogan de derrocar el orden constitucional. Estamos prácticamente ante un levantamiento, liderado por Erdogan, contra la voluntad del pueblo", dijo Özel.

Recordó además que la coalición del AKP con el ultranacionalista MHP no tiene suficientes diputados para reformar la Constitución ni para pedir un referéndum tampoco.