Del total de búsquedas, 45 tuvieron lugar en el archipiélago, mientras que el resto fueron en Azores y diferentes puntos de Portugal continental, como Lisboa, Oporto y Braga, según informaciones publicadas en diferentes comunicados de la Policía Judicial y la Fiscalía de Portugal.
Corrupción activa y pasiva, prevaricación, recibo u oferta indebida de ventaja, abuso de poderes y tráfico de influencias son algunos de los delitos planteados en este caso, que analiza hechos ocurridos a partir de 2015.
El Ministerio Público precisó que sospechan que "titulares de cargos políticos del gobierno regional de Madeira y del Ayuntamiento de Funchal hayan favorecido indebidamente a algunas sociedades/grupos en detrimento de otras o que, en algunos casos, hayan ejercido influencia con ese objetivo".
La investigación está ligada "esencialmente" al elevado número de contratos de obra realizados por el Gobierno regional, valorados en "varias centenas de millones de euros".
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Sospechan además de que las empresas investigadas sabían de antemano de los proyectos y los criterios definidos para su adjudicación, "así como un acceso privilegiado a las propuestas y valores presentados por sus competidores directos", lo que les daba ventaja a la hora de proponer ideas.
Según las indagaciones, el Gobierno regional también habría pagado a una empresa de construcción "elevados montantes de forma encubierta por una transacción judicial" en un proceso que fue creado "bajo la apariencia de un litigio entre las partes".
Este caso también analizan una posible violación de la libertad de prensa, ya que hay señales de que los implicados habrían intentado condicionar la publicación de noticias perjudiciales a la imagen del Ejecutivo del archipiélago.
Titulares de cargos políticos habrían recibido beneficios, por causa de esas funciones, "que superan lo socialmente aceptable", de acuerdo a la Fiscalía.
Los detenidos serán interrogados por un tribunal para que sean decididas las medidas cautelares.
Medios locales avanzaron que entre los detenidos está el alcalde de Funchal, Pedro Calado, y el presidente de la constructora AFA, Avelino Farinha.
Las mismas fuentes aseguraron de que el domicilio del presidente del Gobierno regional, Miguel Albuquerque, está entre los lugares registrados.
Albuquerque aseguró después en declaraciones a periodistas que tiene la conciencia "tranquila" y que no piensa dimitir: "tengo el derecho, como cualquier ciudadano, de no ser sospechoso eternamente".
"Desde mi punto de vista no hubo corrupción. Nunca estuve implicado en ningún caso de corrupción ni voy a estarlo en mi vida. A mí nadie me compra", insistió el presidente regional, que dijo que colabora de forma "activa y consistente" con las autoridades.