Ramírez, coordinador de Movir, dijo en declaraciones a periodistas que ya han sostenido una reunión con el embajador de Alemania en el país, Peter Woeste, y con otros funcionarios de esa sede diplomática, a quienes "pedimos una audiencia para plantearles lo que pasa en el país".
Señaló que visitarán a otros embajadores y embajadas para que "conozcan, de primera mano, las violaciones a los derechos humanos por parte de este régimen", en referencia a la medida del régimen de excepción, implementada hace casi dos años por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas.
"Aunque se moleste Bukele, vamos a tener que acudir a la comunidad internacional porque en El Salvador, el Estado salvadoreño es un estado fallido para las víctimas del régimen", sostuvo.
El Movir surgió en agosto de 2022, defiende derechos humanos y ha acompañado a familiares de personas detenidas de forma supuestamente arbitraria durante la medida de excepción.
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El presidente Bukele lleva a cabo en El Salvador una "guerra contra las pandillas" bajo un régimen de excepción, medida que se ha convertido en la principal y única en seguridad y por medio de la cual han sido capturadas unas 76.000 personas, todas acusadas de ser pandilleros o colaboradores de dichas bandas.
Según dijo Ramírez en entrevista a EFE en enero pasado, el polémico régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, es un proyecto político que "a Bukele le ha servido para catapultarse a la reelección", que el mandatario obtuvo tras las elecciones del pasado 4 de febrero.
De hecho la medida ha elevado la popularidad del presidente, que cuenta con un alto porcentaje de aceptación entre la población, sobre todo las personas que viven en comunidades y barrios históricamente afectados por la delincuencia de las pandillas o maras.
No obstante, organizaciones nacionales y extranjeras han denunciado violaciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción y han señalado que la cifra de privados de libertad muertos en custodia estatal ascienden a más de 200, además de unos 23.000 detenidos de forma arbitraria "completamente inocentes".