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Debido al narcotráfico, los homicidios pasaron de 6 al récord de 46 por cada 100.000 habitantes entre 2018 y 2023, convirtiendo al país en uno de los más violentos del mundo.
El estado de emergencia permitió reducir la tasa de homicidios de 28 diarios durante la primera semana de enero a 11 después de dos semanas, de acuerdo a datos oficiales.
El presidente Daniel Noboa, autoproclamado de centro-izquierda y que asumió en noviembre, emitió un decreto mediante el cual decidió “renovar por treinta días adicionales” el estado de emergencia en todo el país, que dispuso el 8 de enero pasado.
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La medida, que incluye al sistema penitenciario convertido por las organizaciones narco en centros de operaciones para enviar droga hacia Estados Unidos y Europa, se debe a la “grave conmoción interna” y al “conflicto armado interno” que enfrenta la nación, según el documento.
La Constitución permite al mandatario mantener el estado de excepción hasta por 90 días continuos.
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Noboa impuso el estado de excepción el 8 de enero a raíz de que Adolfo “Fito” Macías, jefe de una de las principales agrupaciones criminales del país, se fugó de una cárcel de Guayaquil (suroeste) en la que cumplía 34 años de prisión por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato.
Tras el escape de Fito, que aún no ha sido recapturado, grupos narco volvieron a embestir con violencia y dejaron una veintena de muertos, más de 200 policías y guardias penitenciarios secuestrados temporalmente en cárceles y calles y ataques con explosivos.
El gobernante incluso declaró el 9 de enero al país en “conflicto armado interno” y ordenó a las Fuerzas Armadas neutralizar a una veintena de bandas con nexos con carteles de México y Colombia, a las que tildó de “terroristas” y “beligerantes”.
La Corte Constitucional consideró que la declaratoria del “conflicto armado interno” puede ser por tiempo indefinido en virtud de que no está vinculada al estado de excepción.
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El estado de excepción también faculta al presidente a suspender derechos, lo que mantiene para la inviolabilidad de la correspondencia con miras a identificar “conductas ilícitas”.
Con estas medidas, Ecuador -ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína- ha logrado decomisar unas 65 toneladas de drogas desde enero.
Los militares también están a cargo de las prisiones, escenario de cruentos choques armados entre bandas que dejan más de 460 reos muertos desde 2021, en matanzas que han pasado a figurar entre las peores de Latinoamérica.