La ley está destinada a proteger a los periodistas, combatir la interferencia política en las decisiones editoriales y aumentar la transparencia en la propiedad de los medios de comunicación.
El texto fue aprobado con 464 votos a favor, 92 en contra y 65 abstenciones.
“No podemos hacer la vista gorda ante el hecho de que la libertad de prensa está amenazada en todo el mundo, incluida Europa”, apuntó la legisladora democristiana alemana Sabine Verheyen, ponente del texto.
La ley aprobada hoy “es nuestra respuesta a esta amenaza”, añadió la legisladora, que forma parte del bloque del Partido Popular Europeo (PPE, derecha), durante el debate.
El proyecto de ley había sido impulsado por la Comisión Europea en 2022, en un escenario marcado por el deterioro de la libertad de prensa en países como Hungría y Polonia. Sin embargo, la presentación del proyecto ocurrió también después de enormes escándalos por el uso de programas espías, como Pegasus o Predator, contra periodistas en diversos países de la UE.
Por ello, la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourova, admitió que esta ley “tiene muchos opositores, sino enemigos”.
Bloqueo a tecnología de vigilancias
Representantes de la extrema derecha en el Parlamento Europeo, reclamaron que la Comisión se había excedido en sus competencias al buscar legislar sobre tema.
El texto se concentra en el respeto al secreto de las fuentes periodísticas y la prohibición de implementar tecnologías de vigilancia en dispositivos utilizados por periodistas.
Durante las negociaciones, Francia insistió en incluir una posibilidad de excepción a esa invasión “en nombre de la salvaguardia de la seguridad nacional” .
El texto definitivo contempla la posibilidad de exenciones, pero no menciona la seguridad nacional.
El uso de software espía en dispositivos utilizados por periodistas sólo es posible si se trata de delitos graves y autorizado por una “autoridad judicial o una autoridad decisoria independiente e imparcial”, entre varias otras condiciones.
La legislación establece obligaciones para los países de la UE para garantizar mejor la independencia editorial y funcional de los medios públicos, en particular a través de una financiación “sostenible y predecible”.
El texto también contiene salvaguardias para proteger el contenido periodístico de posibles abusos con moderación por parte de las plataformas en línea.