El relator Javaid Rehman dijo este lunes en una sesión del Consejo de Derechos Humanos dedicada a la situación en Irán que Mohammadi, de 51 años, padece graves complicaciones de salud, en particular de problemas cardíacos y pulmonares.
La defensora de los derechos humanos cumple una sentencia de diez años por su activismo, una labor que compartió por años con su esposo, quien pasó catorce años en la prisión por razones similares y ahora vive exiliado junto con los dos hijos de ambos.
Rehman sostuvo que también los sindicalistas y periodistas que hablan o se reúnen para discutir sobre las condiciones de trabajo en el país han sido más recientemente encarcelados, tras haberse reportado 1.266 protestas sindicales y 32 huelgas en 2023.
Por otra parte, el relator denunció la tasa de ejecución de mujeres en Irán se encuentra entre las más elevadas del mundo, con 22 casos registrados en 2023.
Esta situación se produce en medio de un aumento alarmante de esa pena a raíz de las protestas ciudadanas por la muerte en custodia en septiembre de 2022 de una joven arrestada por no llevar el velo islámico, lo que influyó en que sólo el año pasado se produjeran 834 ejecuciones, un 43 % más que el año anterior.
Según las informaciones recopiladas por el relator, el 56 % de esas muertes fueron por delitos relacionados con drogas.
“Es alarmante el número de penas de muerte dictadas al término de procesos que violan el debido proceso y el derecho a un juicio justo, como lo establece el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, del que Irán forma parte”, declaró Rehman.
El relator dijo también que en sus indagaciones ha determinado que entre los sentenciados los miembros de minorías étnicas y religiosas -en particular los baluchi y los kurdos- están sobre representados, en particular cuando se trata de delitos de drogas.
Explicó que dos grupos en particular han sido blanco de ejecuciones y asesinatos extrajudiciales por parte de fuerzas estatales iraníes: los porteadores kurdos y los transportadores de combustible baluchis que cruzan fronteras, a los que Irán trata de traficantes.
La delegación de Irán ante la ONU en Ginebra respondió a estas acusaciones recordando que ni siquiera reconoce el mandato de Rehman, al que el gobierno no ha permitido visitar el país para realizar sus investigaciones en el terreno.
Sostuvo que el informe presentado hoy ante el Consejo de Derechos Humanos tiene el único objetivo de “alimentar la agenda” de los países occidentales contra Irán y rechazó la idea de que se renueve un año más la misión del relator, lo que varios países ya han dicho que aceptarán ante el deterioro de la situación en la nación islámica.