En el documento de 25 páginas al que pudo acceder EFE, el artista y referente de derechos humanos Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980; la exembajadora argentina en Venezuela y Reino Unido Alicia Castro, y la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida, entre otros firmantes, solicitaron al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el inicio del proceso de juicio político contra el ultraliberal.
Los impulsores de esta iniciativa, que debe pasar varios filtros antes de que, efectivamente, se apruebe la celebración de un juicio político, citan el “genocidio económico” -en alusión a la dureza del ajuste económico emprendido por el Ejecutivo de Milei- como una de las causas.
Esta situación de “brutal privación de vida digna para crecientes sectores del pueblo que se ven imposibilitados de acceder y satisfacer sus necesidades básicas de trabajo en condiciones dignas, alimentación, vivienda, salud, medicación y educación (...)” se deriva del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, firmado por el mandatario el pasado 20 de diciembre, diez días después de asumir la Presidencia.
Decreto continúa en vigor
Actualmente, el grueso del decreto continúa en vigor en Argentina, aunque fue rechazado por los senadores y debe pasar aún por la Cámara de Diputados, ha recibido duras críticas de la sociedad civil y está siendo estudiado en varios procesos judiciales.
Los impulsores consideran probado que “no había ninguna necesidad y urgencia que impidiera enviar correctamente las propuestas legislativas”, una consideración que ya había sido puesta sobre la mesa por juristas y expertos.
“(Aún teniendo en cuenta sus supuestos problemas procedimentales) No podemos dejar de señalar que el contenido viola, nuevamente, la supremacía constitucional”, consideran los firmantes del documento.
Activistas en contra de “ley ómnibus”
Además del DNU, los activistas cargan contra la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos -más conocida como ‘ley ómnibus’, el proyecto estrella del Ejecutivo de Milei que fue rechazado por los diputados de la Cámara baja, donde el partido del presidente es muy minoritario.
Se refieren a ella como “una mega ley bautizada pomposamente y con reminiscencias constitucionales”, y critican con dureza que la ratificación del decreto del 20 de diciembre estuviese prevista en la misma.
Lo acusan de instigar a cometer ilícitos
Además, los firmantes destacan que Milei pudo cometer “el delito de la instigación a cometer ilícitos”, como en su reciente arenga favorable a quienes evaden impuestos en Argentina, hecha ante un foro empresarial.
Además, acusan al mandatario de haber hecho “apología del crimen”, con la difusión de un vídeo revisionista el pasado Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia y de reducir la financiación para la educación o para luchar contra la pobreza.