El grupo parlamentario advirtió en un comunicado de que algunos de los artículos del proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, más conocida como 'ley ómnibus' o 'ley bases', "implican una pérdida de soberanía para Argentina".
Esto, según los parlamentarios, "traerá como consecuencias injerencias externas en nuestra región, sobre todo en lo que respecta a los bienes naturales comunes que son objeto de una disputa geopolítica entre las grandes potencias".
"La amenaza hacia nuestra región a partir de dicha disputa nos preocupa profundamente, en tanto no solo es una amenaza a la soberanía de Argentina como país, sino a la soberanía de nuestra región en su conjunto", señala el comunicado.
El grupo, integrado por representantes de Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay progresistas en el Parlamento regional, llamó a los senadores argentinos a proteger los recursos naturales "en este contexto mundial de cambio climático y belicosidad creciente".
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También pidieron que los senadores protejan las libertades individuales de los argentinos "que se ven comprometidas ante la delegación de facultades legislativas que el presidente Milei quiere atribuirse, comprometiendo también la división de poderes en la Argentina".
El proyecto se encuentra ahora mismo en debate en comisiones del Senado, donde este jueves concluyen las rondas con expositores invitados a dar su parecer sobre la iniciativa.
De momento, la formación gobernante de ultraderecha La Libertad Avanza, minoritaria en ambas cámaras parlamentarias, no contaría con los apoyos necesarios para obtener un dictamen de comisiones que le permita habilitar el debate en el pleno de la Cámara Alta.
El proyecto de 'ley bases', aprobado ya en Diputados el pasado 30 de abril, constituye el 'corazón' del programa de Gobierno de Milei, junto con el drástico plan de 'shock' fiscal y el decreto de necesidad y urgencia con medidas orientadas a la desregulación de la economía firmado por el mandatario el 20 de diciembre de 2023, solo 10 días después de asumir la Presidencia.
La iniciativa declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, dándole al Ejecutivo facultades delegadas en esas materias.
El proyecto además permite la reforma del Estado, habilita a privatizar una decena de empresas, supone cambios en la legislación laboral y de jubilación e incluye incentivos para el sector de la energía y los hidrocarburos y para las grandes inversiones.
Junto con este proyecto, también se debate un paquete fiscal, que, entre otros aspectos, incluye un blanqueo de capitales, cambios en el impuesto a las Ganancias que pesa sobre los salarios y una moratoria impositiva y aduanera.