El decreto presidencial, publicado hoy en el Diario Oficial de la Unión, deja “sin efecto” la resolución que dio por terminada la labor de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos y declara “la continuidad de las actividades”.
La comisión, creada en 1995 para investigar la represión política durante la dictadura y reparar a las víctimas, fue eliminada por Bolsonaro, un excapitán del Ejército y ferviente defensor del régimen militar, dos días antes de terminar su mandato, el 30 de diciembre de 2022.
Según cifras oficiales, la represión política dejó al menos 434 muertos y desaparecidos en Brasil entre 1946 y 1988, décadas convulsas que incluyeron la dictadura.
El número de víctimas es considerablemente menor al que dejaron gobiernos de facto en otros países latinoamericanos como Chile (3.200) o Argentina (30.000, según organizaciones defensoras de los derechos humanos).
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Pero ese balance no incluye a centenares de víctimas de milicias creadas para reprimir conflictos agrarios ni las matanzas de indígenas en el avance de la ocupación del territorio por parte del Estado.
A diferencia de la vecina Argentina, que juzgó a los altos jerarcas y otros agentes del Estado acusados de cometer crímenes durante la dictadura (1976-1983), en Brasil el capítulo se saldó con una Ley de Amnistía de 1979.
El ministro de derechos humanos brasileño, Silvio Almeida, elogió la iniciativa de Lula como “un paso importante para garantizar la memoria, la verdad y la justicia”.
Con su reconstitución “se continuará el trabajo ilegalmente interrumpido por la anterior gestión de búsqueda e identificación de muertos y desaparecidos”, agregó en un comunicado.
Reclamos
Recuperar el trabajo de la comisión era un clamor de grupos de derechos humanos.
El mandatario izquierdista fue criticado por esas organizaciones por suspender los actos oficiales del 31 de marzo, cuando se cumplía el 60º aniversario del golpe militar que derrocó al presidente constitucional Joao Goulart (1961-1964) e instauró un régimen autoritario.
Lula, un exsindicalista que lideró una huelga histórica contra el gobierno de facto, justificó esa decisión con el argumento de que el golpe de 1964 “ya forma parte de la historia” y dijo estar “más preocupado con el golpe del 8 de enero de 2023″.
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Ese día, miles de seguidores de Jair Bolsonaro invadieron las sedes de los tres poderes en Brasilia, llamando a los militares a deponer a Lula, una semana después de su asunción.
Bolsonaro y varios de sus ministros son investigados por participar en un presunto “plan de golpe de Estado” para mantenerse en el poder tras su derrota en los comicios de 2022.