La primera de ellas atañe al programa de regularización de inmigrantes anunciado en junio por Joe Biden: el 19 de agosto se abrirá el proceso para que los indocumentados casados con estadounidenses y sus hijos sin estatus legal -que hayan vivido 10 años o más en el país- puedan obtener un permiso de residencia y protecciones contra la deportación.

También anunciará una propuesta normativa del Departamento de Educación para incluir a los jóvenes indocumentados llegados a EE.UU. de niños ("dreamers", o soñadores) en el programa federal TRIO de becas, dirigidas a alumnos con bajos ingresos, de ambientes rurales o con discapacidad, y exclusivas para ciudadanos estadounidenses.

Otro de los anuncios es la ampliación de un programa del Departamento de Justicia para que los tribunales de inmigración de la ciudad de Nueva York, Atlanta y Hyattsville (Maryland) tengan disponibles a abogados voluntarios para quienes los necesiten en sus primeras audiencias de inmigración.

Y, en último lugar, el lanzamiento de una iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional que pretende acercar servicios relacionados con la inmigración a comunidades rurales y de bajos ingresos, como entrevistas de naturalización o ceremonias de juramento.

La Administración Biden destacó que busca es dar más oportunidades a las familias latinas para conseguir el “sueño americano” y señaló otras medidas previas, como invertir unos 15.000 millones de dólares en instituciones reconocidas por la ley federal como dedicadas a la educación de hispanos (HSI).