En una audiencia, 28 máximos responsables -entre ellos tres excomandantes del Batallón ‘Cacique Pigoanza’, los tenientes coroneles en retiro Carlos Yair Salamanca Robles, Orlando Pico Rivera y Ricardo Andrés López García- contarán “cómo se ejecutó el plan criminal para exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados en el departamento de Huila” entre 2005 y 2008.
La diligencia es una oportunidad para que los comparecientes contribuyan a la satisfacción de los derechos de las víctimas.
De acuerdo con la Sala de Reconocimiento de la JEP, los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad participaron en la comisión de 200 asesinatos, 32 desapariciones forzadas y ocho tentativas de homicidio.
En sus intervenciones, los comparecientes de la fuerza pública se referirán a los hechos y conductas imputadas por la JEP, su rol en la comisión de estos crímenes y los daños causados a las víctimas, las comunidades y el territorio.
Asimismo, hablarán sobre algunos de los proyectos a los que se podrían vincular para contribuir a restaurar, aliviar y dignificar a quienes les causaron los daños.
Por su lado, las víctimas, que también estarán en la diligencia, describirán los impactos que les causaron los crímenes y presentarán demandas restaurativas que orientarán las sanciones que se impondrán.
En este Subcaso Huila del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, los mayores generales Alberto Rodríguez y Marcos Pinto, así como el mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo y el general Jaime Lasprilla Villamizar, que fue comandante del Ejército, manifestaron que no reconocen su responsabilidad por los crímenes imputados.
En ese mismo sentido se manifestaron el brigadier general William Fernando Pérez y el coronel Fernando Moncayo Guancha, todos en condición de retiro.
En estos casos, sus procesos fueron trasladados a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA, la Fiscalía de la JEP) que, si decide acusarlos ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz, iniciaría un procedimiento en el que se exponen a una sanción de cárcel de hasta 20 años.
La JEP ha contabilizado 6.402 de estos casos, que fueron cometidos sobre todo entre 2002 y 2010, durante la Presidencia de Álvaro Uribe.