En ambos casos alegan que la decisión del Departamento de Estado (DOJ) de enviar supervisores a 27 estados del país, incluidos Texas y Missouri, el día de las elecciones generales en EE.UU., es una “interferencia” del Gobierno federal que va en contra de las leyes de cada uno de esos estados.
“Nadie está por encima de la ley, que clara y específicamente limita quién puede estar en los lugares de votación. La decisión del DOJ no está permitida. Una vez más el Gobierno federal está intentando interferir de manera ilegal en las elecciones en Missouri”, señaló el secretario de Estado de ese estado, John R. Ashcroft.
En un comunicado, el secretario, que tiene competencias en materia electoral, subrayó que Missouri no necesita ni quiere observadores del DOJ en los centros de votación este martes que "intimiden a los votantes y acosen a los trabajadores electorales".
En términos parecidos se manifestó el fiscal general de Texas, Ken Paxton.
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"La ley de Texas es clara: los observadores del Departamento de Justicia no pueden estar dentro de un lugar de votación donde se estén emitiendo votos ni en una estación central de recuento donde se estén contando los votos", subrayó Paxton al anunciar la demanda contra el DOJ.
El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció el pasado 1 de noviembre que iba a desplegar decenas de funcionarios para supervisar que se respete el acceso al voto de los ciudadanos en determinados condados de 27 estados del país durante las elecciones del 5 de noviembre, de las que surgirá el próximo presidente del país y parte de los integrantes de la Cámara de Representantes y del Senado.
La presentación de las dos demandas este lunes impedirá en teoría a los “observadores” federales actuar en los centros de votación de Texas y Missouri este martes, pero sí estarán presentes en condados de estados clave como Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania y Wisconsin.
Los funcionarios estarán pendientes de "hacer cumplir las leyes federales que protegen el derecho al voto de todos los ciudadanos", al igual que las leyes que "prohíben la intimidación y la supresión del voto por motivos de raza, color, origen nacional o religión".
El despliegue de observadores del Departamento de Justicia no es algo nuevo, y se hace de manera rutinaria para asegurar la integridad de las elecciones nacionales y locales.
Los comicios generales de este año han estado marcados por la propagación de teorías de conspiración sobre la integridad de las elecciones, promovidas por legisladores republicanos y el expresidente Donald Trump, que compite con la actual vicepresidenta, la demócrata Kamala Harris, por la Presidencia.
La idea sin fundamento de que miles de migrantes indocumentados intentarán votar en estas elecciones ha llevado a que autoridades en varios estados, incluyendo Texas, hayan decido "purgar" los registros electorales, en algunos casos dejando sin el derecho al voto a ciudadanos estadounidenses.
A su vez, funcionarios de inteligencia de EE.UU. han enviado alertas internas a diferentes agencias del gobierno federal encabezado por el demócrata Joe Biden acerca de las amenazas de grupos extremistas con la intención de irrumpir en el proceso electoral.