A Monsalve, uno de los miembros con mejor valoración del Gobierno, las parlamentarias lo acusan de secuestro agravado, mientras que a la ministra y vicepresidenta la acusan por obstrucción a la Justicia, infracción a la Ley de Inteligencia y omisión de denuncia.
En su escrito, las parlamentarias argumentan que el objetivo de la querella es que se investiguen presuntas responsabilidades penales y administrativas por hechos que consideran de extrema gravedad y que en su opinión afectan la credibilidad de las instituciones públicas.
“Como diputadas no podemos quedarnos de brazos cruzados, sobre todo cuando hemos visto un Gobierno, desde el presidente Boric hasta la ministra (de la Mujer, Antonia) Orellana, que no han dado señales contundentes de protección a la víctima. Hemos visto que hubo un pacto de silencio”, comentó la diputada de Renovación Nacional (RN) Paula Labra, citada por medios locales.
Uso indebido de recursos y manipulación de pruebas
Las diputadas denuncian, igualmente, que de la investigación se desprende que hubo un uso indebido de recursos públicos y se habrían manipulado pruebas, lo que de ser cierto significaría una violación de las normas de la Ley de Inteligencia.
La raíz de la denuncia se hunde en las 48 horas que pasaron desde que la ministra informó a Boric de la denuncia contra Monsalve hasta que se produce su renuncia en el Palacio de La Moneda en un punto de prensa oficial.
La oposición considera que ese lapso de tiempo, además de la conversación entre Toha y Monsalve, habrían permitido al exsubsecretario destruir y manipular pruebas.
Piden declaración de otros miembros del gobierno
La querella también busca que declaren otros miembros del gobierno, en particular el jefe de Gabinete, Carlos Durán, y el jefe de asesores, Miguel Crispi, que -según reveló la prensa local- habrían tenido conocimiento de los hechos previo a que estos se hicieran públicos.
“Todos se pusieron de acuerdo para que esto no salga a la luz pública, y si salió es porque un diario de circulación nacional lo destapó”, concluyen las querellantes.
Un juez decretó anoche prisión preventiva para Monsalve, al que consideró un peligro para la sociedad y para la demandante, una joven que trabajaba en su gabinete y que le denunció después de que este le citara en un restaurante, bebieran alcohol y se despertara desmemoriada en la habitación del hotel donde él vivía.