Desde el domingo, está en vigor un nuevo “Estatuto de los trabajadores del sexo”, aprobado por el Parlamento federal. Este marco pretende asegurar y regular los derechos de aquellos que se dedican al trabajo sexual. La legislación requiere que las personas en esta industria formalicen su labor a través de contratos laborales, ya sea con empresas o como trabajadores autónomos.
Esta nueva legislación asegura un marco de protección y derechos laborales para los trabajadores del sexo. Anteriormente, operaban de forma tolerada, pero sin reconocimiento legal, lo que les impedía acceder a derechos básicos como prestaciones, vacaciones pagadas o seguro de desempleo. Con esta nueva ley, se les garantiza un contrato que incluye cobertura social, derechos laborales como salario mínimo, y regulación de horas de trabajo.
Poder de decisión
El estatuto también permite a los trabajadores y trabajadoras del sexo rechazar clientes o servicios sin temor al despido y discontinuar una actividad en cualquier momento. Antes de cualquier transacción, tienen el derecho de establecer sus propias condiciones. Este enfoque trata de brindar legalidad y seguridad a una profesión históricamente marginalizada.
Contraste con el modelo escandinavo
A diferencia del modelo belga, países como Suecia y Noruega centran su legislación en penalizar a los clientes. Suecia, desde 1999, no persigue a los trabajadores del sexo, sino a quienes pagan por sus servicios, aplicando multas y penas de prisión a reincidentes. Este enfoque ha generado debates sobre su eficacia, aunque cifras suecas indican una reducción significativa de la prostitución y trata de personas tras la implementación de dicha normativa.
La estrategia belga apuesta por la transparencia y los derechos, considerando que la abolición total es impracticable. Mientras tanto, las iniciativas escandinavas buscan reducir la demanda. Esta divergencia en métodos refleja las continuas discusiones sobre cómo manejar una industria compleja y polémica, equilibrando entre protección y control.