Un grupo de agentes de policía se personó en el HKPORI -una organización independiente- en la mañana de este lunes mientras Chung era trasladado desde su domicilio a las instalaciones de dicha institución para asistir en las pesquisas.
Este incidente marca un avance tras la inclusión el 24 de diciembre de Chung Kim-wah, ex director general adjunto del organismo que se trasladó a Reino Unido en 2022, en una lista de personas buscadas por el Departamento de Seguridad Nacional.
A sus 64 años, Chung Kim-wah ha sido acusado de defender repetidamente la independencia de Hong Kong en redes sociales entre mayo y junio de 2023, así como de pedir sanciones contra Pekín y la ciudad semiautónoma en el período de 2020 a 2023.
Tres días después de ser incluido en la lista de personas buscadas por supuestas violaciones de la ley de seguridad nacional, Chung Kim-wah aseguró a los medios que su estatus no guardaba relación con el organismo que representaba. Su situación ha generado nuevas preocupaciones sobre la libertad de expresión en la región.
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Por otra parte, Robert Chung afirmó el pasado diciembre que no existen vínculos entre el exdirector y el HKPORI una vez terminó su contrato en 2022, y agregó que ambos ya no mantienen contacto.
Hong Kong busca a al menos veinte antiguos abogados y activistas que residen en países como Canadá, Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Seis de estos individuos fueron añadidos el 24 de diciembre a la lista de personas objeto de investigación policial por presuntos delitos de "confabulación con fuerzas extranjeras" e "incitación a la secesión y a la subversión".
Las autoridades ofrecen un millón de dólares hongkoneses (unos 128.441 dólares, 125.781euros) a quienes proporcionen información que conduzca al arresto de sospechosos de violar la Ley de Seguridad Nacional que Pekín impuso en la excolonia británica en junio de 2020.
Esta normativa penaliza prácticamente cualquier forma de disidencia y utiliza definiciones amplias para delitos como terrorismo, subversión, secesión y connivencia con potencias extranjeras. Asimismo, faculta a Pekín para establecer una fuerza de seguridad en el territorio e influir en la designación de jueces que conozcan los casos relacionados con la salvaguardia nacional.
Desde la entrada en vigor de la nueva Ordenanza para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional, de alcance extraterritorial, los opositores exiliados están expuestos a medidas punitivas, como la anulación de su pasaporte, mientras que aquellos que los financien, incluyendo a sus familiares, corren el riesgo de ser igualmente condenados.
En este Artículo 23 figuran una serie de crímenes que podrían acarrear una pena máxima de cadena perpetua, entre ellos la traición, insurrección o la connivencia con fuerzas externas con el fin de poner en peligro la seguridad nacional.
La norma ha sido objeto de críticas por parte de gobiernos democráticos y organizaciones occidentales, que prevén el comienzo de una "nueva era de autoritarismo" que podría socavar el principio de "un país, dos sistemas", fundamental para la autonomía y el estatus especial de la ciudad.