“La problemática que afecta a las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos es una de las más complejas, difíciles y prolongadas que enfrenta el país. Ante esto, valen la pena todos los esfuerzos, incluido este tiempo adicional, para recomendar medidas concretas y duraderas según el mandato que rige a esta Comisión”, comunicó la Secretaría General de la Presidencia, fijando el nuevo plazo para el 30 de abril.
“El trabajo de las y los comisionados ha permitido procesar un nivel de información y detalle que el país no tenía sobre la situación de la tierra indígena, de los problemas de las víctimas de la violencia, del reconocimiento, del desarrollo de estas regiones y de las garantías de implementación que requieren estos esfuerzos de Estado”, detalló el Ejecutivo.
El ministro de la cartera, Álvaro Elizande, informó que la prórroga fue solicitada por el comisionado Sebastián Naveillan, quien señaló que “aún no existe consenso respecto a la reparación de tierras”, de acuerdo a medios locales.
El organismo tiene como objetivo proponer una salida para el conflicto mapuche en la Macrozona Sur. Para esto, ocho comisionados discuten diferentes propuestas. Entre ellas, una de las más complejas, trazar un plan para la reparación de tierras, demanda fundamental para el pueblo originario.
Al anunciar la creación de la comisión, el propio mandatario, Gabriel Boric, afirmó que el proceso implicaría "que todas las partes hagan concesiones para construir una paz duradera" y aseguró que el trabajo contemplaría el diálogo con las empresas forestales, que tienen en sus manos parte de las tierras en disputa.
En La Araucanía y otras zonas del sur de Chile existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.
El pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, reclama las tierras que habitaron durante siglos, antes de que fueran ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX en un proceso conocido oficialmente como la «Pacificación de La Araucanía» y que ahora pertenecen en su mayoría a empresas forestales.
En este contexto, son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y predios, y el conflicto ha costado la vida a un gran número de comuneros mapuche a manos de agentes del Estado, registrándose además la muerte de policías y huelgas de hambre de presos indígenas.