El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estima que al menos 25.000 personas se podrán beneficiar de estas medidas, aprobadas por el Gobierno español, que se añaden al Plan de Respuesta Inmediata, de Reconstrucción y de Relanzamiento de la región valenciana (este).
Tienen por objetivo proteger a las personas extranjeras afectadas por el temporal y evitar que caigan en una situación de irregularidad.
Entre ellas destaca la autorización de residencia por circunstancias excepcionales sobrevenidas a los inmigrantes y sus familiares que tuvieran su domicilio en alguno de los municipios afectados por el temporal, un permiso de un año de vigencia que habilitará a estas personas para residir y trabajar en España.
En el caso de los familiares extranjeros de víctimas mortales, la autorización será de cinco años.
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También prevé la prórroga y renovación automática, previa solicitud en la Oficina de Extranjería, de las autorizaciones de estancia por estudios y temporales de residencia o trabajo cuya vigencia expire entre el 30 de julio de 2024 y el 1 de abril de 2025 a los extranjeros residentes en municipios afectados por el temporal.
Además, el Gobierno resolverá de forma favorable todas las solicitudes de autorización inicial de residencia o trabajo y de renovación, modificación o prórroga de aquellas personas que las tenían en trámite cuando sucedió el siniestro.
Entre los requisitos para obtener una autorización de residencia figura estar empadronado o haber solicitado cita para ello con anterioridad al 4 de noviembre de 2024 y carecer de antecedentes penales en España y en los países anteriores de residencia durante los últimos cinco años.
También no representar una amenaza para el orden público, seguridad o salud pública ni tener prohibida la entrada en España, además de no figurar como rechazable en países con los que España haya firmado un convenio en tal sentido.
Por último, los solicitantes no podrán encontrarse dentro del plazo de compromiso de no retorno a España que el extranjero haya asumido al retornar voluntariamente a su país de origen.
La catástrofe causó 224 muertos en Valencia, mientras que tres personas siguen desaparecidas, con ocho fallecidos en otras provincias españolas.