Según el proyecto de reglamento publicado por el Centro de Legislación Gubernamental, "se designarán estructuras de protección en edificios públicos destinados a la administración, asistencia social, educación, cultura, turismo o deporte".
La obligación afectará a todos los edificios de esos tipos con un aforo de más de 100 personas o una superficie de más de 2.500 metros cuadrados y los refugios deberán tener una capacidad proporcional a su aforo, con un mínimo de 50 personas.
El proyecto especifica que esos refugios deberán ser subterráneos y, de no poder cumplirse este requisito, deberán estar a menos de 500 metros de "una estructura adecuada".
El proyecto ha sido remitido para consultas interministeriales y a los Gobiernos regionales, y se espera que entre en vigor 14 días después de su publicación.
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En abril de 2023, el Cuerpo Nacional de Bomberos polaco elaboró, a petición del ministerio de Defensa, un registro de todos los refugios del país que identificó espacio para unas 300.000 personas en refugios antiaéreos, para 1,1 millones en sitios parcialmente protegidos y que asignó "lugares de refugio temporal" a los habitantes de Polonia.
Estos pueden consultar en una aplicación de teléfono móvil dónde deben dirigirse en caso de guerra o emergencia.
Sin embargo, la Auditoría polaca cuestionó la fiabilidad de ese inventario de 2023, pues señaló que los datos presentados no eran fiables y podían crear una "falsa sensación de seguridad", dado que, por ejemplo, se incluyeron como refugios a patios interiores, garajes privados u oficinas de correos.
Según ese organismo, en realidad "menos del 4 % de la población podría contar con un refugio real" en caso de amenaza.
La Ley de Defensa Civil, aprobada el año pasado, establece la obligatoriedad de llevar a cabo inspecciones técnicas periódicas de todos los refugios civiles y la construcción de nuevas instalaciones que deberían ser capaces de albergar a un millón y medio de personas en total.
Esa ley, que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2025, asigna el 0,3 % del PIB, unos 2.500 millones de euros, a un plan para construir refugios en toda Polonia y a implementar protocolos de actuación para casos de guerra, emergencia o catástrofe natural.