"Definitivamente (soy) inocente, yo no he cometido ningún delito de los que se me acusa", dijo Zavala a periodistas en el Centro Judicial "Isidro Meléndez", en San Salvador, hasta donde fue trasladado hoy para enfrentar una audiencia inicial por varios delitos entre estos agrupaciones ilícitas.
El joven, que guarda prisión en una cárcel del país, añadió que confían "en la imparcialidad de los jueces", pero señaló que los cargos "son completamente falsos".
De acuerdo con medios locales, los cargos imputados a Zavala y otras 25 personas son agrupaciones ilícitas, amenazas, usurpación de inmueble, ejercicio ilegal de la profesión, comercialización irregular de lotificaciones y parcelaciones, limitación ilegal a la circulación.
Según Zavala, se trata de una "persecución política" y que "existe una intención de querer apagar la voz de quienes hemos denunciado injusticias".
Zavala fue acusado en febrero de 2022 de estafa y permaneció en prisión durante 13 meses hasta que un juzgado lo declaró inocente. Su tiempo en la cárcel coincidió con las detenciones masivas que las autoridades de Seguridad realizaron al principio de la implementación del régimen de excepción, medida contra las pandillas.
El joven denunció el cometimiento de torturas contra personas que fueron encarceladas en la misma cárcel donde él estaba y demandó ante la Fiscalía General a varios funcionarios, entre ellos al director de las cárceles salvadoreñas, Osiris Luna.
Al ser preguntado, por periodistas, si teme por su vida señaló que "la realidad es que sí", porque "hay ciertos indicios" que ha "logrado ver, es que la intención es tenerme aquí, preso".
En este proceso, según medios locales, también estarían incluidos los abogados y activistas de derechos humanos Ivania Cruz y Rudy Joya, que junto a Zavala forman parte de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc).
Dicha organización brinda asistencia legal a personas que denuncian detenciones arbitrarias y otros atropellos en El Salvador en el marco de un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
El 10 de marzo, un grupo de 171 organizaciones de más de una veintena de países pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita medidas cautelares de protección para Zavala.
