Un jurado popular en el estado norteamericano de Dakota del Norte sentenció que Greenpeace debía abonar esta cantidad a la empresa Energy Transfer como responsable de difamación y otras demandas tras incitar protestas de los indios sioux de Standing Rock en 2016 y 2017 contra la construcción de un oleoducto de la compañía que degeneraron en actos de vandalismo.
La cuantía de la multa puede implicar la desaparición de la organización ecologista en EEUU, lo que para la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, supone "un momento triste para el activismo y la desobediencia civil".
Saldaña advirtió de que en todo caso la organización seguirá peleando "por un mundo verde y en paz", en el que la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica "estén garantizados" y "con la verdad y la ley" de su lado.
Varias organizaciones ambientales ya se han solidarizado con la ong ecologista, como la Fundación Renovables, cuyo portavoz, Juan Fernando Martín, afirmó: "Lo que quieren es meternos miedo también al resto de organizaciones pero lo que vamos a hacer es justo lo contrario, rebelarnos contra esta situación".
La portavoz de Ecologistas en Acción, Erika González, también dio su "apoyo rotundo" porque "se ha producido una criminalización de un derecho básico, que es la protesta" y llamó la atención sobre la creciente judicialización de casos similares.
En declaraciones a EFE, el biólogo y en su día presidente y fundador de Greenpeace españa, Xavier Pastor, calificó los hechos de "injusticia tremenda y escandalosa", porque "lo que hizo la organización ecologista fue incorporarse a protestas que quienes realmente las llevaban a cabo eran los indios sioux pues el oleoducto atravesaba sus tierras y cementerios".
Para Pastor, "lo que pretenden la industria y los jueces conservadores nombrados por (Donald) Trump, y la empresa que es una de las que le financian, es dar un escarmiento al movimiento ecologista y otros movimientos ciudadanos para parar cualquier protesta", aunque "les puede salir el tiro por la culata".
En su opinión, la sentencia "puede representar la desaparición de Greenpeace en EEUU pero también puede movilizar a la sociedad como sucedió con el atentado del 'Rainbow Warrior' en 1975", cuando agentes de la inteligencia francesa hundieron el entonces buque insignia de la organización en Auckland (Nueva Zelanda) en una intervención que además causó la muerte a un tripulante, Fernando Pereira.