En un memorando firmado el viernes y hecho público este sábado por la Casa Blanca, Trump afirmó que los abogados están alimentando un “fraude desenfrenado y reclamaciones sin mérito” en el sistema migratorio, por lo que ordenó al Departamento de Justicia que sancione a aquellos que incurren en lo que a su juicio son conductas profesionales indebidas.
El documento también instruye a los responsables de los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional a “imponer sanciones a abogados y firmas que interpongan litigios frívolos, irrazonables y vejatorios contra Estados Unidos”.
En ese sentido, instó a la fiscal general, Pam Bondi, a remitir dichos bufetes a la Casa Blanca para que se les retiren ciertas credenciales y se les rescinda cualquier contrato que puedan tener con el Gobierno federal.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que ha impulsado varias demandas contra las medidas adoptadas por Trump desde su regreso a la Casa Blanca, condenó la decisión en un comunicado.
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Cecillia Wang, directora legal nacional de la ACLU, calificó la orden como “otro paso” de Trump hacia el desmantelamiento del “Estado de derecho” y un intento de “silenciar” a los abogados que intentan exigir al Gobierno responsabilidades cuando se vulneran los derechos de la población.
“Esta acción del presidente de Estados Unidos es un ataque sin precedentes y estremecedor a los cimientos de la libertad y la democracia”, afirmó Wang.
Actualmente, los tribunales federales están examinando más de un centenar de demandas contra medidas adoptadas por Trump, muchas de ellas en materia migratoria.
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Un juez, por ejemplo, ha fallado en contra de su intento de negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados o con visados temporales nacidos en Estados Unidos.
Desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero, Trump ha gobernado a golpe de orden ejecutiva, buscando expandir los poderes del Ejecutivo y desafiando abiertamente la separación de poderes, con el poder judicial como su principal obstáculo.