“El corrupto Joe Biden habrá destruido nuestro país con su locura de fronteras abiertas, permitiendo la entrada de criminales de todo tipo sin castigo. Asesinos, narcotraficantes, pandilleros e incluso enfermos mentales se asentarán en nuestro país, sembrando un caos sin precedentes. No es posible juzgar a millones y millones de personas. Sabemos quiénes son los criminales y debemos sacarlos de EE.UU. ¡Y RÁPIDO!”, escribió Donald Trump hoy en su red social, Truth Social.
Este mes, el juez federal James Boasberg inició un proceso para declarar al Gobierno de Donald Trump en desacato por ignorar una orden judicial y haber enviado a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a una megacárcel en El Salvador.
No obstante, el viernes un tribunal de apelaciones en Washington D. C. bloqueó temporalmente el intento del juez federal.
Trump invocó el pasado 14 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para expulsar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.
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Bloqueo de juez
Un día después de que invocara la ley, Boasberg bloqueó su uso justo en el momento en el que dos aviones iban rumbo a Centroamérica con los migrantes y ordenó el regreso de esos vuelos.
Los aviones no dieron marcha atrás y aterrizaron en El Salvador, desatando una batalla legal sin precedentes en la que el incluso Trump sugirió llevar a un juicio político al magistrado.
El envío de migrantes hacia El Salvador ha provocado una serie de demandas al Gobierno de Trump y el rechazo por parte de organismos internacionales.
Desaparición forzada
La ONG Human Rights Watch, en un informe publicado la semana pasada, acusó a EE.UU. y El Salvador de estar sometiendo a estas personas a una “desaparición forzada”.
La Administración de Trump ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las pandillas Tren de Aragua y MS-13, calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas.
Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.